LAS 9 FASES DE LA MUERTE DOMINICANA
Para entender la
crisis Haití-RD en todas sus esferas, particularmente en materia de conflictos
comerciales y migratorios, no es suficiente con observar. Es más, ni siquiera
basta con conocer de ambos países la historia y las tendencias de sus
relaciones recíprocas. Conocer de primera mano la muy precaria situación
económica de ambas naciones, y comprender la naturaleza humana y el
comportamiento de sus Poderes Públicos y la población que administra, son
apenas los primeros pasos para poder intentar sacar algunas conclusiones con
más o menos algo de certeza.
¡Pero cuidado!
Estudiar estos factores desde un cómodo sillón, un fino escritorio, una costosa
computadora portátil y una lujosa oficina de un organismo internacional o una
entidad gubernamental de un país poderoso, podría no ser el acercamiento más
realista. Me refiero más bien al imperativo de analizar las cosas en un
contexto nacional, binacional e internacional, manteniendo un adecuado nivel de
rigor jurídico y económico, sin perder de vista los problemas reales y las posibles
soluciones viables, o al menos ejecutables.
Sin embargo, a la luz
de los últimos acontecimientos, ha resultado muy obvio que el Poder Ejecutivo
dominicano ha asumido una agenda de carácter entreguista, posiblemente
promovida por algún tipo de presión externa o compromiso foráneo mal asumido.
No deja de llamar la atención el alto nivel de peligro autodestructivo que
implica esta situación para el Estado dominicano, puesto que las consecuencias
inmediatas de sus nuevas iniciativas son dos: el desafío a la decisión rendida
por el máximo representante de otro Poder del Estado (el Tribunal
Constitucional), y el atropello de la voluntad del 90% de la población que
respalda la corriente constitucional precitada.
Entonces, si el Plan
Nacional de Regularización de extranjeros ya ha sido puesto en marcha por
Decreto, aún por encima de las advertencias sobre graves ilegalidades e
inconstitucionalidades alertadas por valiosos especialistas en la materia, ¿qué
nos espera ahora?
Reconociendo de
antemano que dicho Plan facilita la regularización de todo extranjero ilegal
radicado en el país hasta el año 2011, sin exigirles el depósito anticipado de
documentos para ser beneficiados por el nuevo régimen de regularización y,
además, prohíbe expresamente las deportaciones hasta el año 2015, es
indiscutible que el escenario nacional acaba de dar un giro radical. A lo que
nos enfrentamos ahora es a una amnistía migratoria, ni siquiera instituida
democráticamente por el legislador, sino unilateralmente por el Presidente de
la República.
Evidentemente, las
autoridades hacen caso omiso de las opiniones y las preocupaciones de los
ciudadanos y profesionales de la materia. Seguir escribiendo artículos y textos
de todo tipo cargados de explicaciones jurídicas y económicas pertinentes y enriquecidas
con razonamientos basados en normas vigentes, datos estadísticos y
bibliografía, ya carece de sentido.
¿Qué papel quisiera
desempeñar este texto? Una especulación y enumeración de temores legítimos y
elementos de riesgos latentes provocados por la inminente amnistía migratoria.
Puede que nada de
esto suceda, puede que si algo sucede, sea sólo de forma parcial, y puede que
ni siquiera suceda en este orden ni en estos lapsos de tiempo, pero todos estos
son fenómenos para lo que deberíamos estar preparados:
1-
Año
2013: Aprobación, promulgación, puesta en vigencia y ejecución del Plan
Nacional de Regularización de extranjeros contentivo de la nueva medida
administrativa de amnistía migratoria.
2-
Año
2014: Decenas de miles de personas descendientes de haitianos en situación
documental similar a la de Juliana Deguis acuden a las autoridades para
beneficiarse del régimen de regularización y no deportación. A estos se les
suman los cientos de miles de haitianos radicados ilegalmente en el país de
forma incontrolada hasta el año 2011, y posteriormente se les unen otros nuevos
cientos de miles que atraviesan la porosa (y casi imaginaria) frontera como
producto del “efecto llamada”. Ninguna de estas personas podrán ser deportadas,
sólo les bastará con llenar el formulario sin presentar documentos.
3-
Año
2014-2015: Promulgación de la modificación a la Ley No. 1683 sobre
Naturalización, contentiva de procesos expeditos y extremadamente flexibles de
acceso a la dominicanización por naturalización de los extranjeros
regularizados.
4-
Año
2015: Millones de haitianos beneficiados por el régimen de no deportación se
radican en el país, y aunque la mitad nunca haya presentado documentos o sus
peticiones hayan sido rechazadas (lo cual es poco probable por la evidente
tendencia antidominicana del actual gobierno y la recién designada Directora
del Instituto Nacional de Migración), no podrán ser deportados por las
siguientes razones: a) prohibición de la normativa de derechos humanos sobre
deportaciones masivas; y b) imposibilidad del Estado para procesar millones de
vías de recursos administrativos y judiciales sobre las decisiones y omisiones
sobre regularización.
5-
Año
2015-2020: Será una etapa en que se destaparán múltiples crisis en los
siguientes sectores:
a.
Estancamiento
y ruptura de la economía. El modelo de explotación subsalarial del empleador
dominicano a trabajadores inmigrantes ilegales y su efecto en la marginación
del trabajador pobre dominicano es sustituida por otro modelo. Los inmigrantes
haitianos serán contratados legalmente, pero como son provenientes de una
economía sustancialmente más deprimida (propia de un Estado fallido), seguirán
sustituyendo la mano de obra dominicana, pero con el problema agregado de la
sobreoferta de mano de obra.
b.
Crisis
del sistema de seguridad social. La absorción de esa gran masa de inmigrantes
pobres que ingresarán a la vida laboral regular implicará, también, su ingreso
al sistema de seguridad social subsidiado, por lo que las clases trabajadoras más
pudientes deberán cargar con los costos del sostenimiento de la seguridad
social de millones de trabajadores pobres.
c.
Crisis
medioambiental. La marejada humana haitiana y la insuficiente disponibilidad de
recursos creará las condiciones para que los recursos agrícolas y forestales
dominicanos sean arrasados hasta niveles mínimos, tal y como pasó en Haití,
cuya tierra cultivable sólo ocupa menos de un 1%.
d.
Crisis
de contaminación rural y urbana. Millones de personas en graves condiciones
económicas sin acceso a hogares ocupan las calles, la producción de
desperdicios será demasiada para el sistema de manejo de basura en el
territorio nacional.
e.
Crisis
sanitaria. El asentamiento de numerosas comunidades pobres inmigrantes en
condiciones poco higiénicas servirán como caldo de cultivo y medio de
propagación de enfermedades. Especialmente aquellas comunidades que se asienten
cerca de recursos hídricos provocarán el aumento indetenible de casos de cólera
y otras enfermedades vinculadas a condiciones sanitarias desfavorables. Además,
se importarán enfermedades de Haití ya superadas por el resto del planeta, como
el polio, la filariasis y la viruela.
f.
Crisis
de servicios públicos. Los nuevos inmigrantes regularizados ocupan gran
espectro de la utilización de servicios básicos como salud y educación,
desplazando el puesto a los dominicanos y creando condiciones de
insostenibilidad por sobrepoblación y falta de recursos.
g.
Aumento
de impuestos y crisis tributaria. Para poder sostener los nuevos millones individuos
demandantes de servicios, comida, atenciones
médicas y educación infantil, el Estado necesitará incrementar la tasa de
recaudación y la diversificación de los impuestos.
h.
Crisis
energética. Los inmigrantes regularizados que hagan uso de servicios de energía
eléctrica colapsarán un sistema que apenas resulta operativo para una insignificante
parte de la población dominicana.
i.
Crisis
de criminalidad. Con el aumento acelerado de pobreza, aumento de la
marginación, colapso en el sistema educativo e insuficiencia de los organismos
de seguridad, las tasas de criminalidad alcanzan niveles históricos.
j.
Tensión
y roces sociales. La convivencia inevitable sobre un mismo suelo de dos pueblos
distintos con culturas diferentes en todos y cada uno de los aspectos que la
componen, y la insoportable crisis nacional, empieza a generar hechos aislados
de enfrentamientos violentos dentro de comunidades locales. Con los meses, se
van volviendo más recurrentes.
6-
Año
2020: Los inmigrantes regularizados y recién nacionalizados como dominicanos se
unen y crean una gran fuerza de voto para imponer un Presidente de su
preferencia.
7-
Año
2020-2026: La crisis nacional llega a extremos nunca vistos y se plantea en la
comunidad internacional la posibilidad de una “intervención humanitaria” para la reducción de la crisis, el
mantenimiento de la paz, la protección de derechos humanos, la unificación oficial
de la isla y la creación de un Estado único.
8-
Año
2026: Para esta fecha se logra el posicionamiento a gran escala de
regularizados naturalizados en el Congreso Nacional y los Ministerios de la
Administración Pública. En estas condiciones de franco poder, operan una
modificación constitucional para extender los derechos políticos de los
naturalizados para ser elegibles a la Presidencia de la República.
9-
Año
2030: Desaparecen los vestigios fronterizos remanentes y la unificación
política de la isla es virtual: dos países gobernados por la misma etnia.
¿Hay alternativas?
Posiblemente la única salida ejecutable desde la perspectiva dominicana sea el
ataque contra el Plan Nacional de Regularización por vía de un recurso de
revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, para la declaración de
su nulidad, obligando al Poder Ejecutivo a reelaborar el Plan con criterios más
razonables, legales y constitucionales. Por supuesto, esto implica contar con
la firmeza de principios y fuerza de voluntad de los jueces constitucionales y
la esperanza de que no sean doblegados frente a un poder avasallante.
Pero, mientras todo
esto se debate, la atención vuelve a recaer sobre las actuaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, quienes inevitablemente van a condenar al Estado dominicano,
aún por encima de su incompetencia y su clara parcialidad.
En fin, queda
preguntarse: ¿Qué papel jugarás tú, lector? ¿Qué papel jugaremos los
dominicanos?
