* Artículo publicado en el periódico dominicano El Nuevo Diario, Sección Opinión, de fecha 26 de mayo de 2014. Versión digital aún disponible en:
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=376481
NATURALIZACIÓN:
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NATURALIZACIÓN:
EXTREMISMOS Y NUEVAS DIVISIONES
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Lic. Juan Miguel Castillo Roldán,
LL.M.
Los debates nacionales sobre cuestiones migratorias y de nacionalidad
han despertado toda clase de sentimientos, desde posiciones moderadas y
reflexivas hasta aquellas consideradas más radicales, pasando por el punto
medio de quienes han preferido permanecer en la zona de "confort" de
lo "políticamente correcto" y los "paños tibios". Varios
defensores tanto del lado pro-haitiano como del patriótico han sido culpables
de dejarse arrastrar de los extremismos y los planteamientos alarmistas; y en
medio de la tormenta de informaciones y opiniones de medios de comunicación, el
ciudadano promedio ha sido saturado de argumentaciones que no han brindado
espacio para que saque sus propias conclusiones. Como residuo de este caos, el
oyente común tiene altísima probabilidad de convertirse en un eco de las
opiniones superficiales, sin tener la oportunidad de escuchar a las autoridades
intelectuales y profesionales que han dedicado una vida al estudio y práctica
de las materias concernidas, y algunas de las cuales se han destacado por
servir a una lucha incesante y desinteresada por la institucionalidad, la
soberanía y el interés general del país.
Por razones difíciles de explicar, la nueva Ley de Régimen Especial y
Naturalización recién promulgada con el No. 169-14, a pesar de ser una salida razonablemente
justa a un problema fundamentalmente dominicano-haitiano, y a pesar de haber
recibido un considerable apoyo de diversos sectores institucionales, sociales y
políticos, ha provocado una ostensible división ideológica entre los mismos patriotas
y pro-haitianos, fenómeno éste que, desafortunadamente, ha venido acompañado de
todo un repertorio de calumnias y agresiones verbales. Resulta muy evidente que
ahora se trata de un debate, por un lado, entre la clase patriota pensante y la
clase nacionalista radical, y por el otro, la clase pro-haitiana pensante y la
clase pro-haitiana fusionista. Dado que
algunos grupos están dispuestos a endilgar discursos falsos a quienes no
le corresponden ni merecen, mientras otros están dispuestos a exhibir victorias
comunes como si fuesen propias, es más necesario que nunca separar la paja del
grano, y permitir que lectores y oyentes redirijan su atención sobre las
cuestiones verdaderamente importantes.
La nueva Ley de Naturalización, salvo padecer algunas falencias de
redacción que pudieran ser subsanadas con la adecuada y oportuna interpretación
legal y constitucional, resuelve un problema que impactará en apenas unos miles
de extranjeros registrados irregularmente en la Junta Central Electoral (JCE)
que podrán ser naturalizados. Fuera de ello, las famosas insistencias y pretensiones
de países extranjeros, entidades internacionales, sectores políticos y ONGs de
nacionalizar "automáticamente" a cientos de miles de haitianos e
hijos de haitianos ilegales radicados en el país y no registrados en la JCE han
sido puestas en serio peligro. Esto ha operado para fortuna de las perspectivas
de supervivencia del Estado, la supremacía de la Constitución, la identidad
dominicana y la estabilidad socio-política y económica, por razones técnicas y
de análisis económico empírico sobre impacto de las migraciones desde países
"menos desarrollados" a países "en desarrollo" y
"desarrollados", las cuales ya han sido explicadas en los escenarios
correspondientes. Este resultado es bastante compatible con lo que los patriotas
pensantes pretendíamos desde un principio, y como tantas veces reiteramos: es
necesario un control migratorio efectivo, una política migratoria coherente,
una frontera física y jurídica, y que todo ello sea ejecutado bajo un régimen
de respeto a los derechos humanos más elementales y la soberanía nacional.
Estos mismos patriotas son quienes participaron en la elaboración de la Ley
General de Migración No. 285-04, quienes elaboraron el Reglamento de Aplicación
No. 631-11, quienes accionaron en inconstitucionalidad contra el instrumento de
aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quienes defendieron con tanto rigor la
sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional. Y para aquellos que no lo
saben, o no quieren saberlo, algunos de estos mismos patriotas participamos (y
me incluyo), en la implementación institucional de ese Reglamento de Migración y
en la elaboración del primer borrador de Anteproyecto de Plan Nacional de
Regularización, el cual, por cierto, incluía un informe sugiriendo la reforma
del sistema de naturalización a los fines de facilitar una vía expedita para aquellos
extranjeros ilegales recién regularizados como "residentes" que
estuvieran fuertemente radicados en el territorio dominicano cuya identidad
fuera predominantemente dominicana.
Defender las virtudes y criticar los errores de la nueva Ley de
Naturalización es un acto de raciocinio producto de la ponderación y análisis
sopesado, contrario a la falta de sabiduría que implicaría rechazar de plano la
ley por el simple afán de no coincidir circunstancialmente con la contraparte.
Es por ello que quienes estamos claros sobre nuestras convicciones estamos
dispuestos a defenderlas, sin importar que las hostilidades vengan tanto de los
llamados "ultranacionalistas" como de los pro-haitianos. El no tener
deudas ni agradecimientos políticos permite precisamente que ciudadanos de
conducta cívica y con preocupaciones sobre el futuro de su país enfrenten esas
adversidades sin temor a las consecuencias de tener una opinión que no
simpatiza con ningún bando. De todos modos, la labor investigativa y el ánimo
de seguir produciendo ideas y contribuir intelectualmente al Derecho dominicano
no será suspendido por éstos ni otros obstáculos.
Dicho lo anterior, es hora de poner atención a lo verdaderamente relevante.
Desde el punto de vista técnico, es necesario recordar que hubiera existido o
no una reforma a la Ley de Naturalización No. 1683, cualquier extranjero
regularizado como "residente" en virtud del Plan Nacional de
Regularización de todos modos hubiera tenido derecho a optar por la
naturalización, sólo que en un plazo más largo. En ese sentido, lo que toca
supervisar ahora es la ejecución del proceso de regularización, el cual no debe
resultar en la concesión indiscriminada de cientos de miles de residencias que
abran el camino a la naturalización, cuando a la fecha no se han otorgado ni
siquiera más de cien mil residencias a los extranjeros que sí han ingresado
regularmente. Sería muy irónico, y particularmente pernicioso para el Estado
dominicano, regularizar con "residencias" en el plazo de dos años una
cantidad similar (o peor aún, mayor) a la cantidad de residencias otorgadas a
extranjeros legales hasta el año 2014. Y mientras permanecemos vigilantes de
las actuaciones de las entidades públicas responsables de la aplicación del
Decreto No. 327-13 que crea el Plan Nacional de Regularización, el Tribunal
Constitucional sigue apoderado de una acción directa en inconstitucionalidad
contra el mismo que se encuentra, a partir de ahora, pendiente de fallo.
Aún no hemos llegado al final de esta historia. Todavía nos quedan tres
o cuatro años de polémica. Pero, lo ideal es que el respeto fuera la insignia
del intercambio de ideas, porque de lo contrario la tendencia seguirá apuntando
a que los radicalismos se acentúen cada vez más, y se siga jugando con el nombre y la honra de personas que tanto se
han sacrificado para hacer una mejor y más democrática nación.
