* Artículo publicado en el periódico Listín Diario, en fecha 21 de marzo de 2018. Enlace disponible: (CLICK AQUÍ)
En las últimas semanas hemos visto cómo algunos
medios asumen el planteamiento de que “por cada extranjero en República
Dominicana hay 3 dominicanos en el exterior”. Idea recogida en el primer
“Perfil Migratorio de República Dominicana” (2017) del Instituto Nacional de
Migración y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de
la Oficina de Población, Refugio y Migración del Departamento de Estado de los
Estados Unidos.
¿Lo hacen para minimizar la percepción de
la presencia extranjera en nuestro territorio o para rechazar la demanda
popular de mayores controles fronterizos y ejecución de la Ley General de
Migración como si por alguna razón el fenómeno de la fuerte emigración de la
población dominicana al exterior implicara una deslegitimación moral de la
vigencia y el carácter coactivo de la normativa migratoria nacional? Las cifras
arriba señaladas pudieran estar infladas o, en el mejor de los casos, mal
interpretadas.
Según la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas, en 2015 se estimó que la población dominicana en el
exterior asciende a aproximadamente 1.3 millones de personas. Sobre
inmigrantes, el primer Perfil Migratorio hace uso de la primera Encuesta
Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI, que no fue un censo),
publicada en 2012 por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), financiada por
la Unión Europea y apoyada por Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA). Sin embargo, dos distorsiones afectan esa percepción: primero, se
compararon estimaciones de inmigración de 2012 con datos de emigración de 2015
y, segundo, el cálculo de ambas proporciones fue selectivo, pues sólo se
refiere a 524,632 “inmigrantes” y excluye la cifra total de población
extranjera en República Dominicana, con sus descendientes. Esta última cifra,
en 2012, era de 768,783 extranjeros en República Dominicana. Si comparamos esa
cifra con los 1.3 millones de dominicanos en el extranjero al año 2015, la
proporción ni siquiera llega a 1.7 dominicanos en el extranjero por cada
extranjero en suelo dominicano.
De igual modo, aunque no existen
estadísticas confiables publicadas sobre las fluctuaciones de la inmigración al
país en el tiempo (especialmente por la dificultad de conducir censos de
grandes poblaciones en situación irregular), su innegable aumento permite
afirmar que la cantidad de extranjeros en República Dominicana en 2015 era, con
toda seguridad, mayor que en 2012, quedando corta la proporción de aproximadamente
1.7 dominicanos en el extranjero por cada extranjero.
Aún así, si la propuesta de 1 a 3 fuera creíble,
sería el equivalente a decir que en el exterior viven más o menos 2.4 millones
de dominicanos (casi una cuarta parte de la población dominicana, lo cual es un
dato extravagante, no respaldado por entidad alguna).
Cabría preguntarnos también si la
República Dominicana, a través de su sociedad o en la postura fijada por sus
organismos públicos, exige flexibilidades migratorias para esa población
dominicana emigrante que no retransmite a sus propios inmigrantes y, en
consecuencia, peca de hipócrita.
La administración de la política
migratoria de todo Estado constituye una desmembración natural del ejercicio soberano
de su jurisdicción interna, cuyos principales límites son constituidos por el
respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales. Dicha política
migratoria, si está bien diseñada, maneja la inmigración dentro de las
rigurosidades tendentes a un objetivo clave: inmigración legal y ventajosa. La
exigencia de más o menos requisitos para el ingreso y permanencia de una
población extranjera inicia desde la toma de decisión de conceder o negar
visado o, en su defecto, dispensarlo en favor de nacionales de países
determinados. Tales decisiones se toman identificando los perfiles con características
beneficiosas para la sociedad receptora, como por ejemplo: documentación, nivel
educativo, calificación laboral, solvencia económica y aspectos propios del
país de origen y su posible riesgo para el país de destino (tales como salud,
tasa de criminalidad y cuestiones de seguridad nacional). Estos elementos se
conjugan sin dejar de lado las llamadas variables fijas, como son la cercanía
geográfica y las facilidades físicas de acceso y transporte.
Desde que las sociedades se han organizado
bajo un esquema de coexistencia internacional de Estados soberanos existen
migraciones internacionales en términos contemporáneos. Desde "Las
leyes de las migraciones" (1885) de Ernst Georg Ravenstein, hasta las
actuales teorías sobre la globalización y los motores económicos de los
desplazamientos transnacionales de personas, queda claro que estos movimientos
se producen por múltiples causas que se entrelazan entre sí, razón por la que
en prácticamente todos los países del mundo existe, en mayor o menor medida,
inmigración y emigración.
Es tan importante evaluar los factores
causales como las consecuencias que derivan de la inmigración de perfiles
identificables tanto a nivel individual como colectivo. Desde la "fuga de
cerebros" en los países de origen hasta la demanda de recursos y servicios
públicos, o la afectación de niveles salariales y la sustitución en los puestos
de trabajos en base a sobreoferta de mano de obra barata en los países de
destino, todas las variables, por sí solas y en su conjunto, deben ser
evaluadas para estructurar una ingeniería efectiva de la política migratoria,
articulada conforme a Derecho y en el mejor provecho del desarrollo y los intereses
nacionales.
En este sentido, el ejercicio del control
fronterizo y de la permanencia de extranjeros regulares, así como la adopción
de medidas contra extranjeros que infringen la ley y por cuya causa su
condición migratoria deviene en ilegal, sencillamente se corresponde con una
planificación inteligente que reivindique la vigencia de la normativa nacional
de derecho migratorio, tanto en sus fuentes domésticas como internacionales. Resulta
indiferente la numerosa presencia de dominicanos en el extranjero, cuando
República Dominicana enfrenta el desafío histórico de compartir la isla con la
nación más pobre del continente garantizando la ejecución de las reglas de
migración y la legislación complementaria (como, por ejemplo, la laboral),
Más que preocuparse por improvisar la
proporción de emigración/inmigración y sacar conclusiones para sustentar un
discurso parcializado, deberían preocuparse por lo siguiente: Si el país no genera suficientes
oportunidades y condiciones de desarrollo de vida a sus propios nacionales, quienes
tienen que emigrar y radicarse fuera, ¿es sostenible la presión adicional de una
población extranjera proveniente de un Estado fallido?
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